El esquema de coacción electoral impulsado por el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, continúa expandiéndose y alcanzando nuevas áreas del servicio público, en este caso al Hospital Infantil. A pesar de las denuncias que han revelado cómo se reparten listas con candidatos afines a Movimiento Ciudadano y Morena —acompañadas de amenazas y presiones—, los operativos no se han detenido. Ahora, incluso hospitales públicos del estado están siendo utilizados como sedes para entrenamientos políticos disfrazados de “capacitaciones”, donde se entrega propaganda en forma de acordeones con instrucciones de voto.
Estos operativos, que han sido calificados como una forma de fraude electoral, incluyen simulacros de votación, amenazas de despido y exigencias de reunir credenciales del INE de familiares y amigos. Todo ello con el objetivo de garantizar votos a favor de jueces, magistrados y ministros aliados al proyecto del gobernador y su partido. La presión, lejos de disminuir, ha escalado a niveles alarmantes, alcanzando sectores que históricamente se mantenían al margen de la política electoral, como el sistema de salud pública.
El operativo de acordeones se extiende al sector salud
Una investigación reciente realizada por una periodista del diario El Norte permitió constatar que estas prácticas han llegado al Hospital Infantil de Monterrey, ubicado en la colonia Independencia. Ahí, personal estatal fue citado a una sesión de “capacitación” en la que se entregaron los ya conocidos acordeones, que contienen los números con los que aparecerán en la boleta los candidatos favorecidos por el oficialismo.
Estos entrenamientos han sido promovidos bajo la estructura de la Secretaría de Salud estatal, encabezada por Alma Rosa Marroquín. De acuerdo con lo documentado, el acceso a la reunión fue controlado: se pidió el nombre del recomendante, la zona de adscripción del asistente y el motivo de la visita, mostrando una clara intención de supervisar y registrar quiénes participan.
Los empleados fueron trasladados desde unidades oficiales de la Secretaría de Salud al hospital, donde ingresaron al mediodía. Una vez dentro, fueron conducidos a un salón para recibir indicaciones, y luego pasaron a otro espacio para afinar detalles logísticos. En cada paso del proceso, quedó claro que el objetivo era preparar al personal para movilizar votantes el 1 de junio, en beneficio de los candidatos respaldados por Samuel García y Morena.
Reparto de acordeones y exigencia de votos
El modus operandi observado en el Hospital Infantil repite lo ya documentado en otras dependencias como la Casona Mier —sede de Movimiento Ciudadano en el centro de Monterrey—. En estas reuniones se entrega material que ha sido bautizado como “acordeones preliminares”, los cuales contienen los nombres de los candidatos sugeridos por el Gobierno estatal, aunque se insiste en que la lista final aún no ha sido definida.
Además de recibir estos documentos, a los asistentes se les exige reunir hasta diez credenciales de elector de familiares o conocidos, que deberán acudir a las urnas usando el acordeón como guía. Cada tarjeta incluye un código QR con el que supuestamente se podrá comprobar que la persona votó conforme a lo indicado.
Esta estrategia busca asegurar que el votante no solo acuda a las urnas, sino que lo haga siguiendo las indicaciones impuestas por la estructura oficialista. El hecho de que se esté solicitando evidencia del cumplimiento —a través de estos códigos— ha sido duramente cuestionado por especialistas en derechos electorales, quienes señalan que esto vulnera gravemente la libertad del voto.
Según una periodista de El Norte, empleados del Hospital Infantil y otras dependencias estatales en NL recibieron “capacitaciones” con acordeones pro-MC 🧾⚠️ El operativo del Gobierno de Samuel exige votos y credenciales para la elección judicial. ¿Qué opinas de esto? pic.twitter.com/XdzPwAgQ9i
— Entre Regios (@entreregios_nl) May 26, 2025
Instituciones educativas también son intervenidas
Las prácticas señaladas no se limitan al sector salud. El operativo ha llegado también a universidades e instituciones educativas públicas del estado. Se tiene conocimiento de casos en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Conalep, la Universidad Tecnológica de Santa Catarina y la Preparatoria Militarizada.
En todos estos espacios, el esquema es el mismo: se citan reuniones fuera de horario laboral o durante la jornada, se pide asistencia obligatoria y se entregan instrucciones específicas sobre cómo y por quién votar. Las amenazas de represalias laborales —como despidos o sanciones— están presentes en muchas de estas “capacitaciones”.
También se han reportado casos en organismos autónomos como el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, donde el jueves pasado se realizó un simulacro electoral con entrega de acordeones y códigos QR.
La magnitud y coordinación de estas acciones revelan una estrategia generalizada que utiliza recursos humanos, materiales y logísticos del estado para influir en una elección que, según los lineamientos constitucionales, debería realizarse con libertad y sin presiones externas.
Uso del poder con fines electorales
El Gobernador de Nuevo León ha sido señalado en 35 sentencias emitidas por tribunales federales y estatales por violaciones a la equidad en el proceso electoral de 2024. Las resoluciones documentan cómo utilizó recursos públicos, redes sociales y actos oficiales para promover a Movimiento Ciudadano, a su esposa Mariana y al entonces candidato presidencial Máynez.
Entre las faltas destacan publicaciones en redes sociales con encuestas, frases contra la oposición, eventos oficiales usados para hacer proselitismo y la promoción de candidaturas desde plataformas institucionales. Incluso se le acusa de utilizar símbolos religiosos y rifas simbólicas para posicionar a su partido, configurando un patrón reiterado de intervenciones con fines políticos.
¿Quieres saber más sobre el tema?
Consulta más detalles sobre cómo avanza el operativo electoral promovido desde el Gobierno de Nuevo León y los testimonios de trabajadores estatales que denuncian amenazas, presión laboral y violaciones a sus derechos políticos en el siguiente artículo: Hasta en hospital ‘recetan’ acordeones
