El Gobierno de Nuevo León ha cancelado de forma definitiva su polémico proyecto de viaducto elevado de cuota sobre la avenida Morones Prieto. La decisión fue confirmada tras el retiro oficial de la solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), trámite que permanecía activo ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde noviembre de 2023. El proyecto, impulsado inicialmente por la administración de Samuel García y concebido como una vialidad de 16.4 kilómetros en el margen sur del Río Santa Catarina, enfrentó desde su anuncio un amplio rechazo ciudadano.
La cancelación se formalizó mediante un oficio firmado por Felipe Gerardo Flores, director de la Red Estatal de Autopistas (REA), y entregado a la delegación de Semarnat en el estado. Con ello, el Ejecutivo estatal puso punto final a una de las obras más controvertidas de su gestión, la cual pretendía operar bajo un esquema de asociación público-privada y generar ingresos mediante cobros por congestión vehicular.
Proyecto rodeado de inconformidades
Desde su presentación, el viaducto elevado despertó fuertes críticas por parte de colectivos ciudadanos, organizaciones ambientales y expertos en urbanismo. Una de las principales preocupaciones giraba en torno al impacto ecológico que tendría construir una estructura de gran escala sobre el cauce del Río Santa Catarina, un espacio que ha sido históricamente utilizado como vaso regulador natural en temporada de lluvias.
Semarnat organizó una consulta pública como parte del proceso de evaluación ambiental, en la que diversas voces expresaron su rechazo. La oposición no solo se centró en el daño ambiental, sino también en la idea de que se trataba de una solución excluyente que priorizaba al transporte privado por encima del transporte público y la movilidad sostenible.
Una obra con participación privada
De acuerdo con información del propio Gobierno estatal, la empresa GAMI Ingeniería e Instalaciones fue seleccionada en marzo de 2024 como la responsable del diseño, construcción, mantenimiento y operación del viaducto. Bajo este modelo, la obra no dependería de recursos públicos directos, sino que se financiaría mediante el cobro de cuotas a los vehículos que utilizaran la vía elevada, generando ingresos para la empresa operadora durante un periodo concesionado.
Sin embargo, esta fórmula fue también uno de los puntos más cuestionados por la ciudadanía, ya que implicaba ceder parte del espacio urbano a intereses privados y convertir el acceso en un privilegio ligado a la capacidad de pago. Además, al tratarse de una zona con alta vulnerabilidad en temporada de lluvias, especialistas cuestionaron la viabilidad técnica del proyecto.
Deslinde y marcha atrás del Gobierno
A pesar de que el gobernador Samuel García defendió el proyecto durante varios meses y desestimó las críticas —incluso llamando “loquitos y loquitas” a quienes se oponían—, el discurso oficial dio un giro en días recientes. El lunes anterior a la cancelación, García intentó desligarse del proyecto, asegurando que se trataba de una iniciativa privada en la que su administración no tenía participación directa.
La confirmación del desistimiento llegó primero al colectivo “Un Río en el Río”, uno de los grupos ciudadanos que encabezó la oposición al viaducto. La organización anunció con entusiasmo la noticia en sus redes sociales, señalando que sin la autorización ambiental, la obra no podía avanzar.
Posteriormente, el Gobierno estatal emitió un comunicado formal en el que confirmó la cancelación del proyecto. El consejero jurídico, Ulises Carlín, declaró que “el proyecto ya está cancelado” y que cualquier permiso emitido por dependencias estatales o paraestatales que implicara intervenciones en el río será igualmente revocado.
Victoria ciudadana y señales para el futuro
La cancelación del viaducto representa una victoria significativa para la sociedad civil organizada en Nuevo León. El caso también marca un precedente sobre el poder de la participación ciudadana y el peso que puede tener la opinión pública cuando se organiza en torno a causas medioambientales y urbanas.
Para muchos activistas, la decisión del Gobierno llegó tarde, pero fue la única salida viable ante el nivel de rechazo social acumulado. A partir de ahora, el desafío para la administración estatal será replantear sus proyectos de movilidad de manera incluyente, transparente y verdaderamente sustentable.
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