Rocío Montalvo advirtió que el esquema de pago por pasajero en el transporte público de Nuevo León es una maniobra para ocultar actos de corrupción de Samuel. La legisladora aseguró que en los próximos días presentará una solicitud formal a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que revise con detalle las decisiones tomadas por las autoridades en esta transición.
Además, Montalvo anunció que entregará información específica que permitirá a la ASE enfocar correctamente sus indagatorias, señalando las áreas y responsables que deben ser auditados.
Falta de transparencia en el cambio
La diputada, quien no está afiliada a ningún partido político, criticó la forma en que se ha manejado la migración del esquema de pago por kilómetro —implementado durante gran parte del actual sexenio— hacia el modelo tradicional de pago por pasajero.
En su opinión, el cambio se ha realizado sin claridad ni rendición de cuentas por parte del Gobierno estatal.
“Las autoridades no han explicado cómo se dará esta transición, no hay lineamientos claros ni se informó a fondo en la más reciente Junta de Gobierno”, declaró. “No se sabe cómo se aplicará este nuevo esquema, ni tampoco se han presentado los estados financieros que deberían acompañar una decisión de esta magnitud”.
Montalvo insistió en que esta falta de información alimenta la sospecha de que el cambio de modelo responde más a la necesidad de encubrir posibles irregularidades que a una intención real de mejorar el servicio.
Denunciarán a exfuncionario del IMA
Como parte de las acciones que emprenderá, Montalvo señaló que también presentará denuncias penales contra José Manuel Valdez, exdirector del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA).
De acuerdo con la legisladora, durante la gestión de Valdez se tomaron decisiones que afectaron gravemente la operación del sistema de transporte, incluyendo asignaciones presupuestales, contratos y pagos que no habrían sido fiscalizados adecuadamente.
“Hay elementos suficientes para investigar su responsabilidad. La Auditoría debe revisar los contratos que se firmaron, cómo se dispersaron los recursos y por qué no se alcanzaron los resultados esperados”, señaló.
En este contexto, subrayó que parte de su denuncia incluirá una solicitud puntual para que la ASE indague con precisión en documentos clave, cuentas públicas y registros administrativos del periodo en que Valdez encabezó el Instituto.
Usuarios sin certeza y cambios repentinos
En medio de esta controversia, otro punto de crítica ha sido la falta de un plan integral de movilidad que dé certeza tanto a los transportistas como a los usuarios.
Se han tomado decisiones importantes —como el regreso al pago por pasajero— sin una estrategia pública definida ni mecanismos de transición claros. Esto ha generado incertidumbre entre los concesionarios, operadores y ciudadanos que utilizan a diario el transporte urbano.
La constante reclasificación de rutas, los ajustes en los esquemas de pago y la ausencia de información oficial han sido señalados como factores que agravan la situación.
“Los usuarios no deberían estar sometidos a cambios improvisados. No se puede modificar un sistema tan complejo de un día para otro sin afectar a quienes dependen de él”, expresó Montalvo.
División de opiniones entre legisladores
Mientras Rocío Montalvo cuestiona la legitimidad del cambio y exige auditorías, otros actores políticos han mostrado opiniones diversas. Algunos consideran que el regreso al pago por pasajero puede representar una oportunidad para incentivar el servicio y reordenar las rutas.
Sin embargo, las voces críticas coinciden en que, para que el nuevo modelo funcione, se necesita transparencia, una estructura clara de incentivos y ajustes en las tarifas, además de garantizar condiciones adecuadas para los transportistas.
Rocío Montalvo, por su parte, reiteró que su principal preocupación es que el nuevo esquema termine sirviendo únicamente como una “cortina de humo” para ocultar irregularidades pasadas, sin atender los problemas reales que enfrenta el sistema de transporte en la entidad.
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