El Consejo Cívico de Nuevo León cuestionó las recientes propuestas del Gobierno estatal en materia de movilidad, señalando que, más que soluciones reales, se están presentando medidas improvisadas y sin planificación clara. A pesar de que se anunció un paquete de acciones que incluye transporte escolar obligatorio, horarios laborales escalonados y carriles de alta ocupación, el organismo civil asegura que estas medidas no forman parte de un programa coherente ni sustentado en una visión integral de ciudad.
Según el Consejo, estas decisiones parecen responder más a una estrategia mediática que a una política pública bien diseñada. Las autoridades estatales, encabezadas por el Gobernador Samuel García, han sido señaladas por actuar sin consulta con los expertos y sin considerar las consecuencias reales que estas medidas pueden tener en la vida diaria de los ciudadanos.
El pronunciamiento llega justo cuando el gobierno presentó su iniciativa en el Congreso local, con la promesa de “agilizar el tráfico”, pero sin detallar cómo se implementarán ni cómo se medirá su eficacia. Para el Consejo Cívico, estas acciones son insuficientes y fragmentadas, pues carecen del respaldo de una estrategia técnica, participativa y con visión de largo plazo.
Falta visión en movilidad estatal
El Consejo Cívico, que agrupa a más de 115 organizaciones de la sociedad civil, insistió en que las decisiones sobre movilidad no pueden tomarse como ocurrencias aisladas. A pesar de que algunas medidas podrían ser útiles si se implementaran correctamente, la realidad es que el Estado no ha sido capaz de articular una política pública clara, coherente ni funcional.
Indicaron que las propuestas del Ejecutivo están alineadas, en el papel, con planes como el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) y el Plan Estratégico Nuevo León 2040, pero no existe una intención real de ejecutarlos como tales. Se mencionan documentos y planes de largo alcance, pero no se da el paso fundamental: transformarlos en acciones coordinadas con actores clave y con la población.
Los especialistas del Consejo advierten que, si el Estado continúa ignorando la necesidad de articulación y planeación, los resultados serán los mismos de siempre: más caos vial, más molestias para la ciudadanía y una ciudad cada vez menos habitable.
Medidas de movilidad sin sustento técnico
Uno de los principales reproches del Consejo Cívico al Gobierno estatal es la ausencia de sustento técnico en las decisiones relacionadas con la movilidad. Las medidas anunciadas, aunque suenan bien en el discurso, no cuentan con estudios ni estrategias claras para garantizar su viabilidad. No se ha explicado cómo se aplicarán los horarios escalonados, quién fiscalizará los carriles de alta ocupación ni cómo se adaptarán los centros de trabajo a las nuevas condiciones.
El problema, explican, es que este tipo de propuestas muchas veces provienen de referencias en otros países o ciudades, pero sin adecuarlas a las condiciones locales. Es decir, se copian ideas sin diagnóstico ni planificación. Lo preocupante, además, es que se ignoran los mecanismos de participación ciudadana que podrían enriquecer estas políticas.
El Consejo también cuestionó que se ignore la experiencia de las autoridades municipales, quienes son las primeras responsables de implementar las medidas en el territorio. Sin su participación activa y coordinación real, cualquier programa está destinado al fracaso.
Exigen consulta y coordinación
Otra de las exigencias clave que el Consejo Cívico puso sobre la mesa es la consulta pública y la participación real de los municipios y expertos en movilidad. La asociación civil subrayó que el Instituto de Movilidad del Estado debe coordinarse con su Comité Técnico, su Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo Ciudadano, para después llevar las propuestas a la Mesa de Coordinación Metropolitana, donde tienen presencia los alcaldes.
Esta estructura está diseñada para garantizar una planeación integral y respetuosa de las dinámicas locales. Sin embargo, desde el Gobierno estatal no se ha seguido ese camino. Al contrario, se ha avanzado en decisiones unilaterales, con poca transparencia, y con una implementación deficiente. El ejemplo más claro es el de las Líneas 4 y 6 del Metro, cuyas obras han provocado un caos vial sin precedentes, con afectaciones directas a la vida cotidiana de miles de personas.
El Consejo insistió en que no se puede volver a caer en ese error. Si las propuestas de movilidad no consideran a la ciudadanía desde su diseño, el resultado será más molestias que beneficios.
Lo que hoy se demanda no es más discurso político ni más anuncios vacíos. La ciudadanía necesita una política de movilidad sustentada en datos, diseñada por especialistas y con amplia participación social. Las decisiones deben pensarse a largo plazo, no como parches temporales. La presión sigue creciendo, y si el Gobierno estatal no escucha a quienes viven el tráfico todos los días, difícilmente podrá resolver una de las crisis más graves que enfrenta el área metropolitana de Nuevo León.
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