En medio de una creciente crisis de movilidad en Nuevo León, la administración del Gobernador Samuel García enfrenta duras críticas por intentar trasladar la responsabilidad de resolver el colapso vial a otros actores. En vez de ejecutar una solución estructural desde el poder ejecutivo, el Gobierno estatal ha optado por una propuesta que, lejos de atender el problema, busca redistribuir la carga a municipios, empresas, escuelas e incluso familias.
La gota que derramó el vaso fue la reciente iniciativa presentada por Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad estatal, que plantea reformar la Ley de Educación para establecer el transporte escolar obligatorio como estrategia para aliviar el tráfico. Pero lo más controversial del proyecto es que no incluye financiamiento ni coordinación gubernamental: el peso de la medida recaería directamente en los planteles escolares y padres de familia.
La respuesta no se hizo esperar. Diputados de todas las bancadas —excepto Movimiento Ciudadano— alzaron la voz para señalar lo que consideran una estrategia del Estado para desentenderse de sus obligaciones. “Se va por la fácil”, resumieron.

Iniciativa Cae Mal En El Congreso
La propuesta enviada al Congreso local encendió las alertas entre los legisladores. De entrada, el contenido fue calificado como improvisado, insuficiente y con claras intenciones de transferir las obligaciones de movilidad en Nuevo León a sectores que no cuentan con los recursos ni el deber legal para hacerse cargo.
Perla Villarreal, diputada del PRD y presidenta de la Comisión de Educación, fue clara al afirmar que no permitirán que el Gobierno “deje la pelotita” a las escuelas. La legisladora subrayó que ni los planteles públicos ni los privados están en condiciones de implementar una red de transporte escolar sin apoyo financiero y logístico. “Es un trabajo que le corresponde a la Secretaría de Movilidad”, sentenció.
Desde el PAN, el coordinador Carlos de la Fuente acusó a Hernán Villarreal de buscar que otros hagan el trabajo que no ha hecho su Secretaría. Y añadió: “Póngase a trabajar y deje de ver dónde endosa sus atribuciones”.
Mario Soto, coordinador de Morena, consideró inviable la aprobación de esta reforma para el próximo ciclo escolar. El PRI, a través de Armida Serrato, también expresó su rechazo: la propuesta, dijo, ni siquiera contempla las leyes de Movilidad, Transporte o Planeación Urbana, por lo que resulta incompleta.
Paradójicamente, la única voz favorable fue la de Melisa Peña, de Movimiento Ciudadano, quien defendió que en escuelas con colegiaturas altas los padres pueden absorber el costo del transporte. Su comentario fue criticado por insensible.
Alcaldes Y Empresas También Suplen Al Estado
A pesar de que el Gobierno prometió un sistema integral de movilidad en Nuevo León, la realidad es que su implementación ha sido deficiente. Ante la falta de cobertura del transporte público, municipios metropolitanos han tenido que crear rutas locales y alimentadoras para evitar el colapso vial. Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro, García y Santiago han recurrido a sus propios recursos para responder ante la necesidad.
Mientras tanto, empresas privadas también han asumido parte de la carga: se estima que al menos el 7 por ciento de los traslados en la zona metropolitana se realiza mediante transporte corporativo. Este porcentaje, que debería ser marginal, ha crecido debido a la falta de unidades y frecuencias en el sistema público.
El gobierno, lejos de reconocer esta deficiencia, ha lanzado más propuestas para delegar responsabilidades. Una de ellas es la creación de carriles de alta ocupación, también conocidos como carriles exprés, cuyo diseño y puesta en marcha recaerían en los municipios. Sin embargo, no se ha presentado ningún plan maestro ni se ha explicado cómo se coordinará la aplicación de esta medida, ni qué presupuesto se asignará.
El Gobierno Prometió Un Plan Integral de movilidad en Nuevo León
Desde el inicio de la administración de Samuel García, se prometió una reestructura total del sistema de movilidad en Nuevo León. Se habló de una coordinación metropolitana, del impulso al Sintram, de la ampliación del metro y de un sistema moderno que integrara rutas troncales, alimentadoras, aplicaciones móviles, monitoreo inteligente y mejores condiciones laborales para operadores.
Sin embargo, los avances han sido mínimos y desorganizados. El Sintram, que supuestamente controlaría semáforos y flujos de tráfico, ha tenido una implementación dispareja. Las obras del Metro Línea 4 y 5 avanzan lentamente, sin certeza de fechas. Las unidades prometidas para TransMetro y Ecovía no han sido suficientes ni están correctamente distribuidas.
Y mientras tanto, el tráfico sigue colapsando. La ciudadanía sufre diariamente en trayectos que deberían tomar 30 minutos y se convierten en viajes de una hora o más. Las medidas improvisadas del gobierno estatal solo agravan la percepción de desorganización, negligencia y falta de visión a largo plazo.
Piden Coordinación, No Delegación De La Movilidad En Nuevo León
Lo que los legisladores, alcaldes y ciudadanos piden no es imposible: un plan articulado, coordinado desde el Estado, con metas claras, presupuesto asignado, plazos medibles y comunicación efectiva. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad parece más interesada en pasar la carga a otros actores que en liderar el proceso.
La movilidad en Nuevo León no puede resolverse con iniciativas aisladas, ni mucho menos culpando a las escuelas, padres o alcaldías. Se requiere voluntad política, transparencia y responsabilidad institucional.
El Congreso ha dejado claro que no avalará reformas que trasladen responsabilidades sin sustento legal ni operativo. La presión ciudadana también crece, exigiendo que las promesas de transformación del transporte público se cumplan y no queden como un discurso de campaña.
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