El caso de la osa Mina en el zoológico La Pastora expuso el presunto maltrato animal de Samuel y desató una ola de denuncias contra La Pastora. Lo que comenzó con un video viral terminó revelando abandono, negligencia y presuntos actos ilegales en el manejo de animales bajo la administración estatal.
El Caso De Mina Evidenció Maltrato Animal De Samuel
El 25 de septiembre, un video difundido en redes sociales mostró a la osa Mina en deplorables condiciones dentro de La Pastora: enferma, rodeada de moscas y con la piel visiblemente dañada. Las imágenes provocaron indignación generalizada y cuestionamientos sobre el maltrato que reciben los animales de La Pastora por parte del gobierno de Samuel.
Días después, las autoridades estatales intentaron justificar la situación. Mariana Rodríguez, esposa del gobernador, declaró que Mina estaba siendo atendida, pero deslindó responsabilidades al señalar que las decisiones dependían de la Federación. Su respuesta no calmó los ánimos. Colectivos ambientalistas y ciudadanos exigieron sanciones, mientras las denuncias contra La Pastora se multiplicaban en redes sociales.
El 28 de septiembre, la Profepa anunció su intervención. La gravedad del caso la llevó a clausurar parcialmente el zoológico y trasladar a Mina a la Fundación Invictus, en Hidalgo. Allí fue atendida por un equipo de veterinarios y un médico colombiano especializado en medicina biorreguladora.
Intervención Federal Y Responsabilidades Estatales
El traslado de Mina marcó un punto de quiebre en el caso. El gobierno federal tomó el control de una situación que el Estado había ignorado.
El operativo, realizado con apoyo de la Guardia Nacional, mostró la capacidad de respuesta federal frente al silencio y negligencias estatales.
Después de su traslado, la Profepa informó que Mina respondía positivamente al tratamiento. En videos posteriores, se observó una mejoría en su piel y su apetito. Sin embargo, el daño a la imagen del zoológico y del gobierno estatal ya estaba hecho.
Mientras la Federación actuaba, el gobierno estatal se enfrascó en justificar sus omisiones. Funcionarios de Parque Fundidora, organismo encargado de La Pastora, acusaron a la Profepa de “politizar” el caso. La confrontación escaló y evidenció el conflicto entre autoridades estatales y federales, mientras los ciudadanos exigían respuestas reales sobre el maltrato animal de Samuel.
Denuncias Contra La Pastora Se Multiplican
El caso de Mina no fue un hecho aislado. Durante la revisión de la Profepa, se detectaron más irregularidades y se ordenó evaluar el estado de todos los animales del zoológico.
Uno de los casos más alarmantes fue el del elefante Monty, de 19 años, que vive en total soledad. Activistas y organizaciones denunciaron que el aislamiento de Monty afecta su salud física y emocional, lo que representa otra muestra de abandono institucional.
Las denuncias contra La Pastora se fortalecieron con testimonios de visitantes y extrabajadores que aseguraron que varios animales padecen falta de atención médica y hábitats inadecuados.
Ante la presión social, el Congreso local pidió revisar la viabilidad del zoológico y convertirlo en un refugio, pero el gobierno estatal defendió su operación.
A mediados de octubre, la Profepa levantó la clausura sin que el gobierno estatal emitiera ninguna declaración sobre las medidas necesarias a implementar para cuidar a los animales. A pesar de la reapertura, el debate sobre su cierre definitivo sigue abierto.
Escándalo Por Donación De Animales A Un Rancho Privado
El caso de Mina también revivió un escándalo previo que involucra al gobierno estatal. En 2022, la administración de Samuel García autorizó la “donación” de 43 ejemplares de La Pastora a un rancho de cacería privado llamado Palos Altos.
La transferencia, valorada en más de 3.5 millones de pesos, incluyó dromedarios, búfalos de agua y borregos muflón. De acuerdo con denuncias de activistas, el argumento oficial de que se trataba de “excedentes” fue una forma de encubrir un presunto saqueo del patrimonio público.
Los documentos del caso revelan que no existió autorización federal válida, lo que convierte la operación en un acto ilegal. Aun así, las autoridades estatales no actuaron, permitiendo que los animales fueran utilizados con fines de cacería. Este episodio refuerza la narrativa de un maltrato animal de Samuel, sostenido en decisiones que priorizan intereses privados sobre el bienestar de los ejemplares.
La Pastora, Símbolo De Abandono Y Corrupción
La historia de La Pastora es ahora un reflejo del deterioro institucional en materia ambiental en Nuevo León. Las denuncias contra La Pastora ya no solo se refieren a un caso aislado, sino a un sistema que permitió negligencia, tráfico y maltrato animal bajo el amparo de las autoridades estatales.
El gobierno estatal insiste en que se trata de una campaña en su contra, pero los hechos lo contradicen. Los ciudadanos fueron testigos de una osa enferma, de un elefante solo y de un zoológico operando parcialmente sin transparencia. Cada denuncia apunta a una misma conclusión: el maltrato animal de Samuel es consecuencia directa de un modelo de gestión deficiente, donde la imagen pública le importa más que la vida de los animales.
Exigen Transformar La Pastora En Un Refugio
Frente al escándalo, diversos colectivos han exigido transformar La Pastora en un santuario de conservación y cerrar definitivamente su operación como zoológico. El caso de Mina sirvió como catalizador para repensar el papel de los zoológicos en el estado y la necesidad de garantizar condiciones dignas para los animales.
Hasta ahora, las autoridades estatales no han presentado un plan integral de reestructuración, ni se han deslindado responsabilidades por los daños ocasionados.
Mientras tanto, los activistas continúan vigilando el estado de salud de Mina, quien se recupera en Hidalgo, lejos del abandono que padeció en Nuevo León al cuidado del gobierno estatal.
El caso dejó claro que, más allá del escándalo, existe una deuda moral y política con la fauna estatal. Y esa deuda, hasta hoy, sigue sin ser saldada.
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