- Samuel Rechaza Medidas De Reparación Por Crimen De Estado
- Legisladores Exigen Justicia Y Disculpa Pública
A más de dos años del fallecimiento de Ángel Moreno en instalaciones del DIF estatal, el Gobierno de Samuel García sigue sin asumir responsabilidad ni acatar la recomendación de la CEDH por la muerte de Ángel Moreno, que calificó el hecho como un crimen de Estado.
Samuel Rechaza Medidas De Reparación Por Crimen De Estado
El caso de Ángel Moreno, el menor de 14 años que murió en febrero de 2022 bajo custodia del DIF estatal, volvió a ser motivo de cuestionamiento en el Congreso local. Legisladores pidieron explicaciones a la titular del organismo, Gloria Bazán, sobre la negativa del Gobierno a seguir las medidas solicitadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La CEDH documentó que Ángel fue golpeado por personal del DIF y no recibió atención médica, lo que derivó en su fallecimiento. El organismo emitió una recomendación pública, en la que solicitó una disculpa institucional, la colocación de memoriales y una compensación a la familia del menor.
Sin embargo, el gobierno estatal se negó a cumplirla. En su lugar, ha argumentado que no existe una sentencia judicial que confirme los hechos. Este rechazo ha sido duramente criticado por diversos sectores, que consideran que el Estado está rehusándose a reconocer la gravedad de lo ocurrido.
Samuel García Guarda Silencio Sobre El Caso
Hasta el momento, el gobernador Samuel García no ha ofrecido postura alguna sobre la recomendación de la CEDH por la muerte de Ángel Moreno. La falta de declaraciones públicas, disculpas o acciones institucionales ha sido interpretada por muchos como un intento de evadir responsabilidad política.
En redes sociales, organizaciones y activistas han expresado su indignación. Señalan que mientras el gobierno estatal insiste en construir una narrativa de modernidad y progreso, omite responder por uno de los casos más graves ocurridos bajo su administración.
“¿Ese es el compromiso de Samuel con Nuevo León?”, cuestionan publicaciones en redes. El silencio oficial, acompañado del rechazo a las medidas de reparación, ha ampliado la distancia entre el discurso gubernamental y las demandas de justicia.
Alegan Falta De Sentencia Judicial
Durante su comparecencia en el Congreso, Bazán justificó la negativa del DIF estatal afirmando que la CEDH actuó como si fuera un tribunal, investigando y señalando culpables sin que exista una resolución judicial.
“No puedo cumplir esas recomendaciones si aún no hay una sentencia que diga qué pasó”, afirmó. Sin embargo, expertos en derechos humanos han desmentido este argumento, señalando que las recomendaciones de organismos autónomos no requieren sentencia previa para ser válidas.
La CEDH, como órgano constitucional, tiene facultades para investigar violaciones a derechos humanos, y sus recomendaciones deben ser atendidas de buena fe por las autoridades responsables.
Legisladores Exigen Justicia Y Disculpa Pública
Sectores del Congreso local han exigido que el DIF estatal y el Ejecutivo ofrezcan una disculpa pública a la familia de Ángel y a la sociedad. Argumentan que, más allá del proceso judicial, existe una responsabilidad moral y política que debe asumirse.
“El mensaje que se da es que la vida de un niño dentro de una institución no importa”, afirmaron. También señalaron que la respuesta más humana y ética habría sido reconocer el daño y actuar para que no vuelva a repetirse.
La ausencia de voluntad para aceptar la recomendación de la CEDH por la muerte de Ángel Moreno es vista como un acto de indiferencia institucional. La sociedad, afirman los legisladores, espera sensibilidad y acción, no evasivas ni silencio.
Gobierno Estatal Acumula Críticas Por Falta De Empatía
El caso de Ángel Moreno ha expuesto nuevamente el déficit de empatía institucional del gobierno estatal en temas que involucran derechos humanos y atención a víctimas.
A pesar de las pruebas reunidas por la CEDH, Samuel García ha optado por proteger su imagen, dejando de lado la exigencia social de justicia. Mientras el DIF permanece en la defensa jurídica, no hay acciones visibles de reparación o prevención.
El contraste entre la narrativa gubernamental de eficiencia y la realidad de casos como este ha comenzado a generar desgaste. La ciudadanía reclama hechos, no discursos, y en este caso, los hechos muestran una negación a reconocer errores graves cometidos dentro de las propias instituciones públicas.
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