La muerte de Ángel Moreno dentro del DIF Fabriles no solo expuso fallas en el sistema de protección infantil. También reveló un intento del DIF estatal por controlar la información, minimizar los hechos y diluir sus responsabilidades. La CNDH confirmó violaciones graves a los derechos humanos de los niños y documentó omisiones que ocurrieron durante la administración de Samuel García, Mariana Rodríguez y el exdirector del DIF, Miguel Ángel Sánchez.
Un Crimen De Estado Que MC No Quiere Reconocer
Ángel Moreno, de 14 años, murió el 9 de febrero de 2022 en el Albergue Fabriles. El hecho ocurrió bajo custodia estatal. Sin embargo, el gobierno tardó nueve días en informar públicamente sobre el fallecimiento.
Cuando finalmente se emitió una postura oficial, se aseguró que la causa fue un choque séptico derivado de una peritonitis. Esa versión se sostuvo pese a testimonios que, con el paso del tiempo, señalaron golpes previos a la muerte.
La demora y la narrativa inicial marcaron el inicio de un manejo institucional cuestionado. Desde entonces, el caso avanzó entre silencios y respuestas parciales.
Miguel Ángel Sánchez Y El Control De La Información
En ese momento, Miguel Ángel Sánchez se desempeñaba como director del DIF estatal. Bajo su gestión ocurrió la muerte del menor y se definieron las primeras decisiones internas frente al caso.
De acuerdo con los señalamientos incluidos en las investigaciones, Sánchez ordenó borrar grabaciones de las cámaras de seguridad del albergue. Dichos videos habrían registrado las agresiones previas que sufrió el adolescente.
Esa acción, documentada en el contexto de la investigación, reforzó la percepción de un intento por eliminar evidencia clave. La omisión de dar aviso al Ministerio Público agravó el escenario.
La Salida Del Director En Medio De La Polémica
El 14 de junio de 2022, Miguel Ángel Sánchez dejó la dirección general del DIF estatal. Su salida ocurrió en plena controversia por el caso Fabriles.
En su lugar fue designada una encargada del despacho. El relevo no fue acompañado de una explicación pública clara sobre los motivos de su separación del cargo.
Pese a abandonar la dirección del DIF, Sánchez no enfrentó consecuencias inmediatas. Años después, fue nombrado delegado nacional de su partido en Nuevo León.
Administración Compartida Y Responsabilidad Del Crimen De Estado
Los hechos ocurrieron durante la administración de Samuel García como gobernador y con Mariana Rodríguez como figura central del DIF estatal. La estructura institucional operaba bajo su coordinación política.
La CNDH ubicó las violaciones dentro de ese contexto administrativo. Aunque el organismo no emite sanciones penales, sí señaló responsabilidades institucionales por acción y omisión.
Para organizaciones civiles, el caso no puede entenderse sin considerar la cadena de mando. La muerte ocurrió bajo una administración que priorizó el control del daño político.
Las Acusaciones Formales Y La Situación Jurídica
El 18 de mayo de 2023, al cumplirse un año de la muerte de Ángel, organismos y diputadas exigieron esclarecer si se trató de negligencia médica o de un caso de abuso y represalias.
Ese mismo mes, la Fiscalía acusó a Miguel Ángel Sánchez y a dos exfuncionarios más por la muerte del menor. La situación jurídica quedó de la siguiente forma:
Miguel Ángel Sánchez fue imputado y presentó un amparo.
Raymundo Francisco fue vinculado a proceso por homicidio y permanece prófugo.
Mauricio Miguel fue vinculado a proceso por encubrimiento.
Las acusaciones reforzaron la hipótesis de un entramado de responsabilidades internas.
“Fue Crimen De Estado”, Señala La CEDH
El 30 de mayo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos calificó la muerte de Ángel Moreno como un crimen de Estado.
La CEDH solicitó una disculpa pública, la instalación de dos memoriales y una compensación económica para la familia del menor por parte del gobierno estatal, pero hasta la fecha no han aceptado las recomendaciones.
Este pronunciamiento colocó el caso en un plano político e institucional. No se trataba solo de un error operativo, sino de una falla estructural del Estado.
CNDH Confirma Violaciones Graves En El DIF Fabriles
Tras revisar el expediente, la CNDH confirmó violaciones graves a los derechos humanos. Acreditó el uso indebido de la fuerza, la omisión de notificar a autoridades competentes y el traslado ilegal de otro menor.
También señaló que el DIF estatal se negó a aceptar las recomendaciones previas de la CEDH. Esa negativa impidió el acceso oportuno a la verdad y a la reparación del daño.
La recomendación 148/2025 otorgó un plazo de 15 días para cumplir con las medidas ordenadas.
Un Caso Que Sigue Abierto En La Memoria Pública
A más de tres años de los hechos, la muerte de Ángel Moreno sigue siendo un referente de opacidad institucional. El intento por ocultar lo ocurrido terminó por amplificar el escándalo.
La cadena de decisiones tomadas durante la administración de Samuel García, Mariana Rodríguez y Miguel Ángel Sánchez dejó una huella profunda en la credibilidad del sistema de protección infantil que presumía el gobierno naranja.
El caso Fabriles permanece como una advertencia sobre los riesgos del encubrimiento desde el poder.
Array
