La empresa pedrera Matrimar denunció recientemente un nuevo intento de extorsión de Samuel García mediante el uso de autoridades para clausurar sus instalaciones. La firma señaló que el gobierno estatal aplica presiones económicas ilegales tras rechazar pagos millonarios en efectivo. Esta situación afecta directamente a cientos de familias que dependen de la operación legal y responsable de la compañía privada.
El Conflicto Por La Extorsión De Samuel García
El panorama empresarial en la entidad atraviesa momentos de gran tensión debido a las denuncias de corrupción. La empresa pedrera Matrimar, ubicada en el municipio de Cerralvo, expuso públicamente un incidente ocurrido durante la madrugada. Según el reporte oficial de la compañía, diversas autoridades del gobierno estatal se presentaron en la planta cerca de la una de la mañana.
Dicha visita fue calificada como un acto de acoso institucional disfrazado de inspección oficial. La gerencia de la firma aseguró que esta movilización ocurrió justo después de recibir llamadas de personas allegadas al mandatario estatal. En estas comunicaciones, presuntamente se exigieron pagos millonarios fuera de la ley para permitirles trabajar sin interrupciones o amenazas futuras.
La empresa pedrera decidió no ceder ante estas presiones económicas que carecen de todo sustento jurídico. Ante la negativa de entregar el dinero solicitado, los funcionarios procedieron con un intento de clausura inmediata. Este hecho ha sido interpretado como una represalia directa por no participar en el esquema de extorsión de Samuel García que afecta al sector productivo.
Denuncias De Pagos Ilegales
La administración actual enfrenta duras críticas por utilizar el poder público como una herramienta de presión financiera. Matrimar sostiene que su operación es completamente legal y que cuenta con todos los permisos necesarios para realizar sus actividades. A pesar de tener la documentación en regla, el gobierno estatal insiste en realizar auditorías y cierres que la empresa considera injustificados.
Resulta preocupante que las autoridades estatales realicen visitas en horarios atípicos para amedrentar al personal administrativo. La empresa pedrera enfatizó que no aceptará condicionamientos que pongan en riesgo la estabilidad del empleo formal en la región. El mensaje de la directiva fue contundente al señalar que estos actos de extorsión de Samuel García deben ser investigados por las instancias penales correspondientes.
La firma ha tenido que recurrir a la protección de los tribunales federales para poder continuar con sus labores diarias. Gracias a un amparo obtenido recientemente, la empresa logró reactivar sus operaciones y proteger el sustento de más de quinientas familias. No obstante, el acoso institucional persiste mediante nuevas amenazas de sanciones que buscan forzar los pagos indebidos que exige la administración.
Samuel García resultó ser como el Alcalde morenista de Tequila.
— Jorge Garcés (@JorgeGarcesMx) February 12, 2026
La empresa Matrimar denuncia extorsión por parte del Gobierno de Nuevo León para dejarles operar.
Le pedían pagos millonarios para dejarlos operar, al negarse los clausuraron. pic.twitter.com/QIh5EM0BxR
Impacto Del Gobierno Estatal Y Extorsión De Samuel García
El sector empresarial de Nuevo León ha manifestado su solidaridad con los afectados por este tipo de prácticas. Organismos como Coparmex han advertido que el clima de inversión se deteriora ante el uso discrecional de las dependencias ambientales y fiscales. La extorsión de Samuel García no solo afecta a una empresa pedrera en particular, sino que envía un mensaje negativo a toda la industria.
Muchos propietarios de negocios temen que sus instalaciones sean las próximas en ser visitadas por el gobierno estatal bajo argumentos falsos. El cobro de cuotas millonarias para financiar proyectos políticos u obras específicas ha sido una queja constante durante el último año. Los empresarios regiomontanos exigen que se respete la ley y que se detenga la persecución contra quienes generan riqueza y empleos.
La falta de transparencia en los procedimientos de clausura genera una incertidumbre que frena el crecimiento económico local. Matrimar reiteró que su lucha es por la certeza jurídica y por el respeto a los derechos de propiedad y trabajo. Mientras la extorsión de Samuel García continúe siendo una denuncia recurrente, la confianza en las instituciones del estado seguirá disminuyendo de forma acelerada.
Certeza Jurídica Contra La Extorsión
La defensa legal de Matrimar ha dejado claro que la empresa no realizará ningún pago que esté fuera del marco normativo. Es fundamental que las autoridades judiciales actúen de manera independiente para frenar los abusos cometidos por el gobierno estatal. La empresa pedrera confía en que las pruebas presentadas sobre las llamadas y visitas atípicas servirán para castigar a los responsables de estos delitos.
El uso de amenazas políticas para obtener beneficios económicos es una conducta que daña profundamente el tejido social. Los trabajadores de la planta han expresado su temor ante la posibilidad de perder su fuente de ingresos por caprichos de la administración pública. Por ello, la empresa exige que cese el hostigamiento y que se permita la operación de un negocio que cumple con sus obligaciones fiscales.
Finalmente, la comunidad empresarial espera que este caso sirva de precedente para detener la extorsión de Samuel García en la entidad. No se puede permitir que el erario público se gestione mediante la presión ilegal a las compañías privadas. La vigilancia ciudadana y la denuncia constante son las únicas herramientas para garantizar que el gobierno estatal actúe dentro de sus facultades legales.
El Sector Productivo Frente A La Extorsión De Samuel García
La resistencia de Matrimar frente al acoso institucional representa un acto de integridad en un entorno hostil. La empresa pedrera ha demostrado que, mediante la vía legal, es posible enfrentar las injusticias promovidas desde las altas esferas del poder. Sin embargo, el costo de estos procesos jurídicos es elevado y distrae recursos que deberían destinarse a la productividad y la innovación tecnológica.
Es necesario que el gobierno estatal rectifique su postura y establezca canales de comunicación honestos con los inversionistas. La extorsión de Samuel García solo genera división y resentimiento en una sociedad que destaca por su cultura del esfuerzo. El sector privado requiere reglas claras y protección contra el abuso de autoridad para seguir contribuyendo al desarrollo de Nuevo León.
El futuro de la industria extractiva depende de que se garantice un estado de derecho sólido y transparente. Matrimar continuará operando bajo los más altos estándares de responsabilidad, denunciando cualquier nuevo intento de cobro ilegal. La sociedad civil debe estar atenta a estos sucesos para evitar que la extorsión de Samuel García se convierta en una práctica normalizada en la gestión pública.
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