Una investigación periodística reveló que el Gobierno de Nuevo León, en coordinación con Movimiento Ciudadano (MC), estaría operando un plan para influir en los resultados de las elecciones judiciales del 1 de junio, a través de acordeones con códigos predefinidos que identifican a los candidatos afines al Gobernador Samuel García y a la 4T. Esta práctica, aunque en apariencia legal, estaría cruzando los límites al involucrar recursos y personal oficial durante horarios laborales, lo que podría configurar un delito electoral.
El caso salió a la luz luego de que una periodista de Grupo REFORMA se infiltrara en una sesión de “capacitación” organizada por funcionarios del Gobierno estatal y operadores de MC, donde se repartieron paquetes con boletas de práctica y acordeones que incluían números de candidatos que convienen al Ejecutivo estatal. Aunque se justificaron como materiales “de prueba”, el contenido revela un intento de adoctrinamiento electoral disfrazado de formación.
Acordeones y recursos oficiales para influir el voto
Durante esta sesión, presidida por Mayela Chapa, secretaria particular del coordinador de MC en el Congreso local, Miguel Flores, los asistentes —todos ellos burócratas estatales— recibieron un total de 15 acordeones y 20 boletas sin nombres para simular el proceso de votación. En estos acordeones, del tamaño de una tarjeta de crédito, aparecían los números exactos de los candidatos a Ministros, Magistrados y jueces vinculados con el proyecto político de Morena y MC.
Aunque el uso de acordeones está permitido por el Instituto Nacional Electoral (INE) como una herramienta de apoyo durante el voto, la forma en que se están distribuyendo estos materiales —utilizando espacios públicos, tiempo laboral y personal de gobierno— violaría la normativa que prohíbe el uso de recursos oficiales con fines partidistas o de inducción electoral.
La vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Nuevo León, Olga Alicia Castro, confirmó que estas acciones están fuera de la legalidad y enfatizó que cualquier apoyo corporativo institucional a una fuerza política representa una falta grave.
Códigos ligados a la 4T y MC
Los acordeones que se entregaron en la sesión contenían números específicos asociados a personajes políticos cercanos a la Cuarta Transformación. Entre ellos se encontraban los códigos 03, 08 y 22, correspondientes a Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, todas Ministras en funciones vinculadas con Morena. También figuraban los números 12 y 21, que pertenecen a Paula María García Villegas, hija de Olga Sánchez Cordero, y a Magda Zulema Mosri, actual magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En la sección de candidatos hombres, se incluían los números 37 y 55, identificados con Ulises Carlín, exconsejero jurídico del propio Samuel García, y Sergio Javier Molina, exconsejero de la Judicatura Federal cercano a Esquivel.
Esta selección de números apunta claramente a un patrón de apoyo institucional a perfiles alineados ideológicamente al Ejecutivo federal y a Movimiento Ciudadano, lo que pone en entredicho la imparcialidad del proceso electoral judicial.
Prácticas similares en otros estados
Lo que ocurre en Nuevo León no es un caso aislado. En la Ciudad de México, también se viralizó un acordeón con recomendaciones de voto atribuido a la dirigencia nacional de Morena. Según fuentes partidistas, los nombres incluidos en ese listado fueron sugeridos por el Instituto de Formación Política de Morena y distribuidos entre su militancia.
En Jalisco, otro estado gobernado por Movimiento Ciudadano, trabajadores del gobierno estatal también recibieron instrucciones para movilizar al menos a 10 personas cada uno con el objetivo de asegurar votos para los perfiles deseados. Testimonios recogidos señalan que existe incluso una “mesa de trabajo” coordinada entre la administración estatal y representantes de MC, en la que se organiza esta operación.
Estos hallazgos reflejan una tendencia preocupante: el uso de estructuras gubernamentales para apoyar estrategias de influencia electoral en una elección inédita, donde por primera vez los ciudadanos elegirán directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
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