Samuel García acumula ya ocho investigaciones cerradas por las fiscalías del Estado de Nuevo León, sin consecuencias ni transparencia en el proceso. Primero fue la Fiscalía General del Estado la que atrajo y desechó cuatro expedientes. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción hace lo mismo con otras cuatro denuncias que apuntaban directamente al Gobernador y su entorno cercano, bajo el argumento de falta de pruebas suficientes para ejercer acción penal.
Las carpetas eliminadas incluían señalamientos por presunto desvío de recursos públicos, favores políticos, contratos irregulares y enriquecimiento ilícito. A pesar de la magnitud de los montos involucrados y la relevancia de los personajes señalados, las autoridades decidieron archivar los casos sin realizar una exposición pública clara de motivos, alimentando la percepción de que el sistema de justicia estatal protege a Samuel García.
Casos millonarios vinculados a Samuel García
Uno de los expedientes más cuestionados es el relacionado con el pago de 140 millones de pesos del Estado a ECM Soluciones Fiscales, una empresa que comparte el mismo domicilio que el despacho jurídico de Samuel García y su padre, Samuel García Mascorro. Los contratos fueron autorizados por Miguel Ángel Rojas Galván, actual director Jurídico Tributario estatal y extrabajador de ese mismo despacho.
La Fiscalía Anticorrupción cerró el caso con el argumento de que compartir domicilio no acredita un delito, a pesar de que existen relaciones laborales previas entre los involucrados y flujos financieros cuestionables. Además, representantes de partidos de oposición recordaron que también se deben sumar 222 millones de pesos más otorgados desde la Tesorería estatal y Agua y Drenaje a la misma firma, sumando en total 360 millones de pesos en asignaciones opacas.
Una investigación periodística publicada en mayo de 2024 había ya documentado estos pagos, pero aun así la autoridad concluyó que no había materia para seguir investigando.
Irregularidades políticas también quedan impunes
Otro expediente cerrado por Anticorrupción involucra el uso irregular de una camioneta Cybertruck que Samuel García utilizó durante actos de campaña. Aunque el Gobernador declaró que el vehículo era suyo, más tarde se confirmó que pertenecía a un particular residente en Estados Unidos. Sin embargo, el caso fue desechado porque supuestamente no hay elementos para demostrar que se incurrió en una falta.
Además, se archivó la denuncia sobre la presunta compra de Diputados locales mediante sobornos para que se integraran a la bancada de Movimiento Ciudadano, fortaleciendo así la mayoría del Gobernador en el Congreso. También fue cerrado el caso de la discrecional distribución de recursos públicos a Alcaldes que abandonaron sus partidos para sumarse al proyecto político de Samuel García.
Estos dos últimos casos apuntaban directamente a un uso político de los recursos estatales con fines partidistas. A pesar de ello, las investigaciones fueron clausuradas bajo la justificación genérica de falta de pruebas, sin que se hiciera pública ninguna evaluación técnica o análisis financiero que justificara esa decisión.
Fiscalía evita rendir cuentas sobre Samuel García
La ciudadanía no solo enfrenta el cierre de expedientes. También debe lidiar con la negativa de las fiscalías a explicar sus decisiones. Javier Garza y Garza, titular de la Fiscalía Anticorrupción, rechazó dar entrevistas por segunda vez en la misma semana. Mientras tanto, Javier Flores, Fiscal General del Estado, no ha emitido declaración alguna sobre las denuncias ni sobre el criterio aplicado para dictar el inejercicio de la acción penal.
La falta de transparencia por parte de ambas instancias refuerza la idea de que el aparato de justicia estatal actúa como muro de contención ante cualquier intento de investigar a Samuel García. No se trata solo de uno o dos casos, sino de una cadena de carpetas archivadas que, en conjunto, representan acusaciones graves contra el Ejecutivo estatal.
Entre estas se encuentran también las triangulaciones de cientos de millones de pesos desde proveedores del gobierno al despacho jurídico familiar, así como una carpeta por operaciones con recursos de procedencia ilícita, que nunca se dio a conocer públicamente y también fue archivada sin mayor explicación.
La acumulación de carpetazos en torno al Gobernador ocurre mientras el discurso oficial promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, los hechos muestran una práctica contraria: la cancelación sistemática de toda investigación incómoda.
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