El gobierno estatal asignó $128.7 millones a la Constructora Politezza para continuar la remodelación de Capullos. Con este monto, la inversión total en el DIF Nuevo León supera los 640 millones durante la administración actual. El gasto reaviva las críticas por el uso de recursos públicos para fortalecer la imagen política y la promoción personal de Mariana Rodríguez.
Asignan $128.7 Millones A La Constructora Politezza
La última etapa de obras en Capullos fue adjudicada a la Constructora Politezza, responsable de intervenir las áreas de Evaluación y Diagnóstico. El contrato establece que los trabajos comenzaron el 29 de septiembre y concluirán el 23 de septiembre del 2026. La empresa deberá adecuar los dos edificios donde se evalúa a los menores recién ingresados al sistema del DIF Nuevo León.
El proyecto contempla una plazoleta nueva, la renovación de las fachadas de Evaluación Mujeres y Evaluación Hombres, una recepción moderna y dormitorios adicionales. En la planta alta se construirán 43 habitaciones para niñas y 43 para adolescentes, mientras que la planta baja contará con espacios para 65 bebés y áreas adaptadas para menores con discapacidad o cuidados especiales.
Según el fallo, la Constructora Politezza recibirá los $128.7 millones provenientes del presupuesto estatal. Con ello, el gasto en Capullos se eleva a más de 640 millones en total. Este incremento ha generado cuestionamientos sobre la necesidad de destinar tantos recursos públicos a un solo proyecto mientras otras áreas del DIF Nuevo León permanecen sin mejoras.
Capullos Y La Estrategia De Imagen Política
Desde el inicio del sexenio, Capullos se convirtió en una de las principales plataformas de imagen política para Mariana Rodríguez. Cada avance en la remodelación ha sido acompañado de publicaciones, fotografías y videos difundidos en las redes sociales de ella. La estrategia de comunicación ha reforzado su promoción personal ante la ciudadanía, pero también ha despertado críticas por el uso de recursos públicos con fines mediáticos.
En los últimos años, la titular de la oficina Amar a Nuevo León ha convertido Capullos en un símbolo de su gestión. Sin embargo, diversas voces señalan que la atención mediática se concentra más en proyectar su figura que en mostrar los resultados institucionales del DIF Nuevo León. El anuncio del nuevo contrato con la Constructora Politezza refuerza esa percepción.
Mientras tanto, organismos civiles y analistas cuestionan la falta de transparencia en los costos finales de la obra. Las tres etapas anteriores ya habían absorbido más de 512 millones de pesos, y el gasto adicional de $128.7 millones parece consolidar una estrategia de inversión continua orientada a mantener visible a Rodríguez.
Uso De Recursos Públicos En Tiempos De Promoción Personal
El crecimiento presupuestal de Capullos contrasta con la situación de otros programas sociales del estado. Mientras se destinan $128.7 millones a la remodelación del DIF Nuevo León, asociaciones locales denuncian recortes en apoyos alimentarios, becas y refugios temporales. Para muchos, el destino de estos recursos públicos refleja un manejo político del gasto.
La concentración de obras en Capullos ha sido vista como parte de una campaña de promoción personal que busca fortalecer la proyección de Mariana Rodríguez en la opinión pública. Su papel como figura visible del DIF Nuevo León, sumado a la narrativa constante sobre la modernización del albergue, alimenta su imagen política a nivel estatal.
El problema, según expertos en administración pública, no es la inversión en infraestructura, sino la ausencia de balance en el uso de los recursos públicos. Consideran que los millones destinados a Capullos podrían haberse distribuido en programas de prevención, atención médica o cuidado infantil en otras regiones de Nuevo León.
Constructora Politezza Y La Falta De Transparencia
La Constructora Politezza se ha convertido en protagonista recurrente en los contratos del gobierno estatal. La adjudicación directa por $128.7 millones a esta empresa ha despertado sospechas sobre la falta de licitaciones abiertas y la opacidad en los criterios de asignación.
Pese a ello, la administración estatal defiende la continuidad del proyecto como una acción “humanitaria y prioritaria”.
El contrato con la Constructora Politezza incluye una amplia gama de trabajos que van desde remodelaciones estructurales hasta acabados interiores. Sin embargo, el monto total y el alcance de los beneficios reales para los menores del DIF Nuevo León siguen sin claridad pública.
Las solicitudes de transparencia sobre los gastos han sido respondidas con información parcial o genérica.
Para los críticos, la reiterada asignación de contratos millonarios al mismo grupo constructor demuestra la falta de controles y auditorías independientes. Capullos, aseguran, ha pasado de ser un espacio de atención infantil a un escaparate político que consume recursos públicos sin rendición de cuentas efectiva.
Capullos Y El Debate Sobre Prioridades Estatales
El caso de Capullos resume una tendencia preocupante: la utilización de proyectos sociales para construir una imagen política favorable. A pesar de los discursos sobre bienestar y protección infantil, la mayor parte de la inversión en el DIF Nuevo León se concentra en un solo complejo. La promoción personal de su directora, acompañada de estrategias mediáticas, ha eclipsado los cuestionamientos sobre la gestión del dinero público.
Con la asignación de $128.7 millones a la Constructora Politezza, la remodelación de Capullos se perfila como el proyecto más costoso de su tipo en la historia del estado. El gasto acumulado supera los 640 millones, cifra que algunos especialistas consideran desproporcionada para un programa social. El tema reabre el debate sobre las verdaderas prioridades del gobierno: invertir en atención infantil o en consolidar figuras políticas con aspiraciones futuras.
El gobierno estatal insiste en que los trabajos en Capullos responden a un compromiso humanitario. Sin embargo, las críticas apuntan a que la obra se ha convertido en un instrumento de imagen política financiado con recursos públicos. La falta de transparencia en los contratos y la constante exposición mediática de Rodríguez mantienen viva la polémica.
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