El discurso de la “nueva política” en el norte de México se ha topado de frente con su hora más oscura. Lo que comenzó como una narrativa de éxito empresarial y pulcritud financiera hoy se desmorona ante revelaciones que apuntan a las estructuras más íntimas del poder ejecutivo estatal. El destape de Código Magenta de este entramado expone el cochinero millonario de Samuel García, abriendo un intrincado mecanismo donde el derecho fiscal, el poder político y el dinero de procedencia ilícita presuntamente se mezclaron en las oficinas más exclusivas de San Pedro Garza García. Ante el tamaño del desfalco, la opinión pública ha comenzado a sepultar la retórica oficial para imponer en las calles un alias demoledor: el sexenio del “Huachigobernador”.
Devolución de IVA: La fórmula de la abundancia súbita
Para entender el origen de este entramado, es necesario desmenuzar cómo funciona el negocio de devolución de IVA a gasolineras, una actividad que por años fue la veta de oro legítima de los asesores fiscales del estado, pero que sufrió una mutación sospechosa. En el sistema tributario, las estaciones de servicio acumulan grandes cantidades de saldo a favor de IVA debido a las dinámicas de compra y venta de hidrocarburos. Conseguir que el fisco regrese esos recursos requiere de una alta especialización jurídica.
A sabiendas de este lucrativo nicho, en noviembre de 2021 —apenas un mes después de que arrancara la actual administración estatal— el clan familiar decidió fundar una filial exclusiva para el ramo energético: la firma jurídica García Mascorro y asociados bajo la lupa de la FGR. Operada por el padre y el hermano del mandatario, esta oficina experimentó una explosión financiera sin precedentes. Los flujos de dinero hacia la Torre Helicon crecieron de manera exponencial justo cuando se consolidaba el cambio de gobierno, levantando serias sospechas sobre si lo que realmente se vendía en ese piso 33 era asesoría legal o pura influencia política.
La conexión federal: El escudo legal del combustible ilegal
El verdadero escándalo estalló cuando las auditorías demostraron que el negocio iba mucho más allá de los trámites administrativos convencionales. Hoy en día, el despacho de Samuel García investigado por huachicoleo fiscal enfrenta la hipótesis de haber diseñado una sofisticada red de protección y blanqueamiento de capitales para las mafias del hidrocarburo. Las agencias federales sospechan que, bajo el concepto de “honorarios profesionales”, se escondían presuntas operaciones de lavado de dinero y la emisión de facturas destinadas a legalizar el combustible introducido de contrabando al país.
La investigación apunta a que el corporativo familiar no solo rescataba el IVA de los expendedores, sino que presuntamente brindaba soporte contable a quienes vendían producto ilegal en las estaciones de servicio. La fiscalía busca deslindar si los abogados de la familia del bautizado “Huachigobernador” actuaron con dolo al estructurar las finanzas de estas redes o si existía un esquema de “pago de piso” institucionalizado, donde las firmas del entorno del gobernador eran la aduana obligatoria para poder operar el negocio del combustible clandestino en la región.
La danza de los billones en el piso 33
Los registros contables oficiales a los que se ha tenido acceso revelan que el cochinero millonario se mide en cifras de tres dígitos. Tan solo la filial GMA (García Mascorro y Asociados) reportó ingresos nominales por 144 millones de pesos en 2024 y 161 millones de pesos en 2025. Sin embargo, al abrir el compás hacia todo el ecosistema de empresas fiscales de la familia —donde se incluye a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, compañía en la cual el gobernador aparece directamente como socio—, la cifra total acumulada durante este sexenio asciende a la brutal cantidad de 1,781 millones de pesos.
Lo verdaderamente alarmante es el nivel de dependencia de estos despachos hacia un solo sector: el 26% de esa colosal fortuna se explica única y exclusivamente por los negocios energéticos procesados por la firma de su padre y su hermano. Millones de pesos que se extrajeron de un sector que hoy tiene al país en jaque por pérdidas fiscales multimillonarias.
Cinco clientes de Samuel García bajo la lupa de la FGR
La FGR tiene bajo un estricto proceso de investigación penal a un grupo de empresas de combustibles ligadas al despacho del gobernador de Nuevo León. Estas firmas forman parte de una megapesquisa federal que mantiene bajo escrutinio a 555 razones sociales por contrabando, coordinada directamente por las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los cuatro perfiles más críticos dentro de la cartera de clientes de los García son:
- Petrolíferos Lobo: El cliente estelar de la firma, con 76 transacciones financieras que inyectaron más de 258 millones de pesos al despacho familiar. La gran mayoría de estos movimientos ocurrieron después de noviembre de 2021. La FGR investiga a esta empresa por el presunto uso fraudulento de pedimentos de importación de una multinacional texana, en una red operada por ex altos directivos de Pemex.
- Maquiladora de Lubricantes: Esta compañía vincula directamente al despacho con la organización criminal de “Los Petrofactureros”. Pagó más de 15 millones de pesos a la firma de los García. La primera factura se emitió solo semanas después de que iniciara el sexenio estatal y pocos meses después de que la FGR abriera su primer expediente contra la empresa. Su dueño, Jesús Ricardo Puente, fue detenido recientemente tras cuatro cateos federales que desmantelaron una red de 40 compañías fachada.
- BSQ Global Corporation: Considerada uno de los tiburones mejor conectados del huachicol fiscal en México, pagó 6.8 millones de pesos al despacho familiar entre 2022 and 2024. Enfrenta el folio de investigación 13173 por delincuencia organizada y defraudación. Sus oficinas en San Pedro ya fueron cateadas y la FGR la vincula en la misma carpeta que a vehículos financieros del grupo criminal ‘La Barredora’.
- Autotransporte de Carga Especializados Marvic: Aunque su facturación documentada con el despacho fue menor, representa un foco de altísimo riesgo político. Su propietario, alias ‘El Güero Marvic’, es investigado por contrabando transfronterizo de gasolina desde 2021, año en que le incautaron 550 carros tanque. La peligrosidad de la conexión quedó en evidencia tras la explosión de una de sus plantas en Cadereyta y la inmovilización de un buque en Tampico con 10 millones de litros de diésel ilegal ligado a sus socios comerciales.
La línea de defensa: El lavado de manos oficial
Ante la contundencia de los registros fiscales, la reacción del Palacio de Gobierno de Nuevo León ha sido el deslinde absoluto. A través de comunicados oficiales, la oficina de comunicación social ha afirmado tajantemente que “El gobernador no es socio de GMA Firma Jurídica Fiscal” y que ni él ni su familia están involucrados en actos ilícitos.
La postura oficial replica los argumentos del propio mandatario, quien sostiene que la firma de sus familiares opera con total honestidad y profesionalismo en el marco de la ley, y que las actividades delictivas o la honorabilidad de las empresas son responsabilidad exclusiva de cada cliente, no del bufete legal que los asesora. Sin embargo, para las autoridades federales, la sincronía matemática entre la obtención del poder político y la llegada de estos millonarios clientes de hidrocarburos de los que se beneficiaba el entorno del “Huachigobernador” dinamita la narrativa de la simple casualidad profesional.
Alertas internacionales y la sombra del desalojo político
El escándalo de los despachos familiares ocurre en el peor escenario posible para la permanencia del gobernador. La bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León ya ha formalizado denuncias federales por presunto enriquecimiento ilícito, un movimiento jurídico-político diseñado expresamente para iniciar un juicio de procedencia que culmine con la remoción del mandatario de su cargo.
A la presión en la Ciudad de México se suma un factor de peso internacional. Un informe de inteligencia emitido por el FinCEN del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó formalmente a la zona metropolitana de Monterrey como un territorio clave donde el crimen organizado ejerce una fuerte injerencia para blanquear las ganancias del contrabando de combustible. El hecho de que las empresas investigadas por la FGR compartan los servicios contables del círculo íntimo del mandatario coloca al gobierno del estado en un semáforo rojo internacional. Los despachos bajo investigación ya no son solo un lucrativo negocio familiar; son la fisura legal que amenaza con derribar por completo a la administración estatal.
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