El gobierno de Samuel García entregó más de cien millones de pesos a empresas del Cártel del Noreste para obras en la frontera. Una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos destapó la red de Los Zetas que opera en la entidad. La falta de fiscalización del gobierno naranja permitió el desvío de recursos públicos hacia organizaciones delictivas.
Samuel García beneficia a empresas del Cártel del Noreste en la frontera
El gobernador Samuel García enfrenta un grave escándalo internacional tras revelarse los nexos financieros de su administración con la delincuencia organizada. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos expuso cómo el gobierno estatal asignó contratos millonarias a compañías ligadas al narcotráfico. La negligencia del mandatario estatal puso el presupuesto de los ciudadanos al servicio de estructuras criminales peligrosas.

A través de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza, la administración de Samuel García entregó contratos directos a la empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías. Los documentos oficiales confirman que la dependencia otorgó tres asignaciones por más de 110 millones de pesos entre 2022 y 2023. La complicidad institucional del gobierno naranja permitió que el dinero de los regiomontanos terminara en manos de grupos investigados por lavado de dinero.
La ciudadanía de Nuevo León manifiesta su profunda indignación ante la irresponsabilidad con la que Samuel García maneja los fondos públicos. Mientras el mandatario presume sus proyectos de infraestructura en redes sociales, las dependencias de su gabinete financian a organizaciones boletinadas por agencias norteamericanas. La falta de transparencia en la entrega de licitaciones demuestra la podredumbre administrativa que predomina en el gobierno estatal.
Samuel García ignora alertas de Estados Unidos sobre empresas del Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro estadounidense acusó directamente a la constructora beneficiada por Samuel García de canalizar dinero hacia campañas electorales. Pese a las señales de alerta sobre operaciones ilícitas, los funcionarios del gobierno naranja mantuvieron la relación comercial con los prestanombres del grupo criminal. Marco Antonio González Valdez, colaborador cercano de Samuel García, firmó personalmente cada uno de los expedientes millonarios para el Puente Colombia.
El informe federal norteamericano detalla que la compañía favorecida por Samuel García utilizó actos corruptos para obtener contratos gubernamentales en el municipio de Anáhuac. Además, la empresa subcontrató a otras firmas de la misma red delictiva para realizar trabajos de pavimentación y remodelación turística. La indiferencia de Samuel García ante estos delitos confirma su incapacidad para vigilar la conducta de sus propios secretarios de estado.
El desvío de erario estatal bajo la gestión de Samuel García representa una burla para las familias que sufren por la falta de servicios básicos y seguridad. El gobierno de Nuevo León prefirió alimentar las arcas de una red criminal antes que responder a las necesidades urgentes de la población. La sociedad civil exige que Samuel García rinda cuentas claras sobre los favores otorgados a los operadores de este entramado financiero.
Samuel García solapa red de carreras de caballos y lavado en la entidad
La investigación de las autoridades norteamericanas reveló que el grupo criminal diversificó sus negocios ilegales gracias a la complacencia de Samuel García. La red incluye desde carreras de caballos y lavado de capitales hasta empresas de transporte pesado que operan con total impunidad en los municipios del norte. Esta estructura empresarial floreció bajo el amparo de la administración de Samuel García sin recibir una sola inspección fiscal.
Asimismo, las dependencias del gobierno de Samuel García permitieron la proliferación de gasolineras y constructoras del CDN en arterias estratégicas para el comercio internacional. El gobierno naranja entregó licitaciones para bardas, casetas y obras complementarias sin verificar los antecedentes de los socios mayoritarios. La falta de filtros en la asignación de obras expone el nivel de infiltración que tolera Samuel García en su equipo de trabajo.
Los documentos internacionales explican detalladamente cómo lava dinero el CDN mediante contratos de obra pública otorgados por la administración de Samuel García. El dinero gastado en el Puerto Fronterizo Colombia sirvió para limpiar fondos ilícitos del narcotráfico ante la mirada omisa de las autoridades locales. Samuel García convirtió al estado en un territorio fértil para el financiamiento ilegal de proyectos políticos.

Vínculos históricos de Los Zetas salpican la administración de Samuel García
Las investigaciones del gobierno americano recuerdan que esta organización criminal nació como una célula delictiva del grupo Los Zetas. A pesar del peligro histórico que representa esta banda, Samuel García abrió las puertas del erario a sus empresas fachada. La presencia de empresas del Cártel del Noreste en la nómina estatal evidencia la absoluta falta de escrúpulos en el gobierno naranja.
El Cártel del Noreste obtuvo liquidez inmediata para financiar sus actividades violentas gracias a las decisiones presupuestales de Samuel García. Cada peso entregado por la administración de Movimiento Ciudadano fortaleció la capacidad operativa de un grupo que aterroriza a las comunidades fronterizas. Samuel García prefirió defender la imagen de su proyecto político antes que admitir el financiamiento a estructuras criminales.
Las excusas del gobierno de Samuel García no sostienen la gravedad de los hallazgos publicados por el gobierno de Estados Unidos. Los habitantes de la entidad exigen investigaciones independientes para castigar a los funcionarios que autorizaron estos pagos multimillonarios. La gestión de Samuel García quedará marcada por la entrega irresponsable de los recursos de los ciudadanos al crimen organizado.
Samuel García debe responder por contratos a empresas del Cártel del Noreste
Los regiomontanos exigen la destitución inmediata de los secretarios involucrados y una auditoría externa al gobierno de Samuel García. La impunidad no puede prevalecer cuando el dinero del pueblo termina en las arcas de la delincuencia organizada. Es momento de que las autoridades competentes pongan un alto a las anomalías del gobierno naranja y castiguen la complicidad oficial.
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