El gobernador Samuel García Sepúlveda enfrenta una tormenta política luego de que dependencias de su propia administración facilitaran una sorpresiva maniobra penitenciaria para blindar a un acusado de cuello blanco. La esperada audiencia por fraude de Lobatón terminó suspendida en el último minuto debido a una salida no autorizada del centro carcelario, provocando la indignación de cientos de ciudadanos que exigen castigo por el quebranto patrimonial ligado a la desarrolladora Proyectos 9.
- El extraño diferimiento legal que ocurrió justo cuando la Fiscalía de Nuevo León esperaba al empresario en los juzgados
- La revelación de que el desarrollador inmobiliario prefirió ir a una revisión médica en lugar de enfrentar sus más de 400 denuncias
- El papel clave de la Secretaría de Seguridad del gobierno estatal al permitir que el acusado evadiera este encuentro judicial
- El coraje de los regios al ver que el caso por el desfalco millonario queda congelado con pretextos de salud
- Los operativos pasados como el aseguramiento de la torre LoLa que contrastan con las facilidades otorgadas en prisión
El extraño diferimiento legal que ocurrió justo cuando la Fiscalía de Nuevo León esperaba al empresario en los juzgados
El reloj marcaba la hora de apertura del careo legal y el personal adscrito a la Fiscalía de Nuevo León mantenía listo el expediente acusatorio en las salas de justicia oral. No obstante, el acusado nunca cruzó las puertas del tribunal.
La comparecencia se vino abajo cuando las autoridades penitenciarias reportaron de forma tardía que el imputado se encontraba internado en un hospital público para una valoración clínica imprevista, obligando a los jueces a posponer la sesión por falta del inculpado.
La revelación de que el desarrollador inmobiliario prefirió ir a una revisión médica en lugar de enfrentar sus más de 400 denuncias
El motivo alegado para esquivar la diligencia judicial fue una repentina consulta urológica programada justo en la misma franja horaria en que debía responder ante la ley.
En vez de sentarse ante el juzgador para encarar las más de 400 denuncias penales interpuestas por compradores que entregaron los ahorros de toda su vida por departamentos y locales comerciales inexistentes, el exdirectivo optó por refugiarse en un parte médico de emergencia que paralizó las acciones legales en su contra.
El papel clave de la Secretaría de Seguridad del gobierno estatal al permitir que el acusado evadiera este encuentro judicial
Las miradas públicas apuntaron de inmediato hacia la Secretaría de Seguridad del gobierno estatal, corporación que tiene bajo su mando la administración y control de los reclusorios en la entidad.
Fueron los propios mandos carcelarios estatales quienes abrieron las rejas y escoltaron al reo fuera del penal sin tramitar la venia obligatoria ni girar oficio previo al juzgado competente, una flagrante omisión de los protocolos de custodia que levantó fuertes sospechas de complicidad desde el aparato gubernamental encabezado por Samuel García.
El coraje de los regios al ver que el caso por el desfalco millonario queda congelado con pretextos de salud
La noticia cayó como un balde de agua fría entre las familias afectadas. Decenas de regios manifestaron su coraje e impotencia al constatar cómo un desfalco calculado en cientos de millones de pesos queda estancado en tribunales mediante pretextos médicos avalados por el propio Estado.
Para las víctimas, el mensaje emitido desde el palacio de gobierno es de total abandono hacia la ciudadanía trabajadora y de protección hacia figuras con influencias económicas.
Los operativos pasados como el aseguramiento de la torre LoLa que contrastan con las facilidades otorgadas en prisión
La benevolencia mostrada ahora en el penal de Apodaca choca de frente con las acciones judiciales previas, entre ellas el mediático cateo y aseguramiento de inmuebles como la emblemática torre LoLa, donde las autoridades aseguraban actuar con mano dura contra los fraudes inmobiliarios.
Hoy, ese discurso oficial de cero impunidad se desmorona ante la facilidad con la que el presunto responsable abandona el encierro para librarse de sus audiencias más delicadas.
En resumen, la complicidad operativa de los mandos penitenciarios estatales permitió a José Lobatón esquivar a la Fiscalía mediante un oportuno chequeo de salud sin autorización judicial, congelando el reclamo de justicia por el megafraude de Proyectos 9 y desatando el repudio colectivo de la sociedad nuevoleonesa ante el trato preferencial concedido por el gobierno de Samuel García.
¿Crees que el gobierno estatal actuó por negligencia o existe un pacto político para proteger al desarrollador inmobiliario?
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